Un ciudadano de a pie de la Europa del Sur en los últimos cinco años viene percibiendo y sufriendo en carne propia la disminución de su salario, los efectos de la terrible plaga del paro que le afecta de lleno o le rodea, la sensación generalizada de parón social, de riesgo de pérdida de servicios públicos básicos (o severa disminución de su oferta y calidad), como la atención social, las pensiones, la educación pública, la universidad pública, la sanidad para todos de carácter público. Es decir, los llamados pilares principales del Estado del Bienestar, que representan una de las señas de identidad de la Unión Europea, si se compara con otros continentes y modelos sociales, comienzan a resentirse, a aparecer en peligro, a dudarse de su continuidad.

En concreto, la universidad pública, que es el modelo de educación superior de mayor tradición, peso y representatividad en la Europa del Sur (principalmente Grecia, Italia, Francia, España y Portugal) está sufriendo un ataque frontal por parte de los gobiernos conservadores que gestionan la crisis financiera iniciada en Estados Unidos desde 2007 (así ocurre con los actuales de Italia, España, Portugal, Grecia).

Nuestras universidades públicas están siendo sometidas cada día de los últimos años al bloqueo y a un bombardeo de actuaciones dirigidas a desestabilizar su funcionamiento y modelo: bloqueo total de las plazas de funcionario que han de salir a concurso, cierre total a la posibilidad de contratar nuevos profesores, fomento de las jubilaciones de funcionarios de más nivel y larga trayectoria, disminución de salarios y de poder adquisitivo superior al doce por ciento en tres años, eliminación de la paga extraordinaria, supresión o drástica disminución de los programas sociales de fomento de la igualdad en el seno de las universidades, frontal ataque a la investigación (sobre todo en ciencias sociales y y humanidades) disminuyendo los capítulos de proyectos de investigación y de partidas asignadas para nuevos y jóvenes investigadores, paralización total de los capítulos de inversiones para nuevos edificios o su rehabilitación, suspensión plena de los puestos y contratos de personal no docente, disminución de las becas para estudiantes (las de protección, movilidad interna, Erasmus), incremento de tasas y de coste de matrícula, supresión de programas de mejora de instrumentos de investigación como laboratorios, bibliotecas y prácticas, proyectos en firme para degradar la enseñanza universitaria, para reorganizar campus, facultades, departamentos, grupos de investigación.

En fin, el listado de barbaridades y afrentas cometidas ( y las que parecen estar a punto de llegar) contra las universidades públicas es de tal calibre que puede considerarse como la más brutal agresión contra la educación superior de los países europeos antes citados, y en especial España, en toda su historia contemporánea. Mientras tanto, todo son felicitaciones y apoyos a las universidades-empresa, a las universidades confesionales, a las privadas, que se van frotando las manos todos los días, a costa ciertamente de los derechos incumplidos y fracasados de miles de ciudadanos que van a ver incumplidas sus expectativas de promoción social a través de la universidad pública.

Lo que ocurre con estas políticas de dura y brutal reconversión capitalista de nuestra universidad es una parte no pequeña de ese proceso de desmantelamiento del modelo social representado en Europa por el modelo del estado del bienestar que ha garantizado en Europa democracia y paz social después de la segunda guerra mundial, y en España y Portugal inmediatamente después de las largas dictaduras fascistas que finalizan en los años setenta del siglo XX.

Ahora, como vamos sintiendo y lamentando todos los días, comienzan a crecer los estados permanentes de pobreza entre millones de ciudadanos, pero dentro de muy poco tiempo, si no es ya, crecen los grados de dependencia científica e intelectual del exterior de Europa, decae el nivel cultural medio de la sociedad, se incrementan las respuestas sociales de desafecto a la democracia y el culto a los líderes cargados de elementos soteriológicos. Es un panorama desolador, ciertamente.

Pero ello no debe evitar que postulemos una defensa numantina de nuestros logros y derechos adquiridos dentro de las universidades, y sobre todo para el conjunto de la sociedad, en particular los derechos más perentorios y básicos. El mundo social que hemos construido y disfrutado no representa el paraíso, pero sí niveles elevados de dignidad humana y democracia, donde los derechos quedan salvaguardados. De ahí emerge la necesidad de su defensa.

Hace unos días la Universidad de Salamanca, en su sesión de claustro general, aprobó por unanimidad una declaración institucional en defensa precisamente del Estado del Bienestar, al tiempo que de todos los proyectos propios imprescindibles para su avance docente, científico, investigador, social, y al fin democrático. Es una llamada de atención y una denuncia explícita frente a tanta agresión que campea impunemente desde los cuadros de una política de profesionales parlamentarios y gobernantes completamente desautorizados por la incompetencia y la corrupción de muchos de ellos. Desde las aulas y laboratorios, desde las bibliotecas y las palestras, en seminarios y conferencias, desde la calle cuando sea preciso, no podemos renunciar a la denuncia, a la defensa pacífica de un modelo de universidad pública y democrática, para todos, de todos los sectores sociales, géneros, etnias, idearios y confesiones políticas y religiosas. O sea, la universidad pública.