Hace unos días, dentro de un foro empresarial, pero con asistencia pública, se celebraba una mesa redonda sobre la universidad en la España de nuestro tiempo en la que participaba, entre otros, el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, del Partido Popular, conservador. En un momento determinado este político habla de la "asesina silenciosa de la universidad", expresión que nos parece afortunada, y que utilizamos para el título de este artículo. Por aquello de citar las fuentes de procedencia, como es el caso.

¿A qué se refería el político conservador con sus palabras, sin duda valientes y chocantes, y que celebramos? Pues a un fenómeno triste, doloroso y dramático que viene padeciendo la universidad pública española, como consecuencia de las políticas neoliberales del partido conservador, precisamente, para ir desmantelando poco a poco todos los servicios públicos, entre ellos la universidad y el sistema educativo, tomando como justificación la crisis económica que nos viene afectado desde 2008. De ello ya hemos escrito en esta misma columna hace meses y años, en varias ocasiones. Pero nunca es suficiente, si no se ha resuelto el tema, como así ocurre, pues se ha agravado.

Esa "asesina silenciosa de la universidad" no es otra que la aplicación de la tasa de reposición del diez por ciento al profesorado de la universidad. Ese eufemismo técnico significa, hablando con claridad, que de cien profesores funcionarios que desaparecen de la plantilla de una universidad pública, por motivos de traslado, jubilación o defunción, solamente se permite a la universidad reponer diez nuevos profesores, con independencia de si tiene fondos propios para ofertar más plazas.

Esa fatídica tasa de reposición impuesta desde el Ministerio de Hacienda no lo permite, con lo que se produce el ahogo y el achicamiento constante de la plantilla de las universidades, sobre todo de aquéllas más tradicionales, históricas y con mejores plantillas de funcionarios. De esa manera, desde la política del partido gobernante se viene acogotando la vida real de cada universidad pública en España, para reducir gastos, dicen, con los que poder superar la crisis. Por ello nos sorprende, choca y alegra a un tiempo la opinión del político antes mencionado, que contradice los hechos impositivos de sus superiores jerárquicos en la política nacional, escudados en la "necesidad de corregir la crisis", y beneficiar a todos los ciudadanos con la mejora de la economía.

De esta manera el genérico "crisis" está sirviendo muy bien para justificar los recortes económicos en servicios sociales y servicios públicos, tratando de ahorrar cantidades millonarias de euros para enjugar el bochornoso espectáculo de corrupción que viene ofreciendo la banca. De esa manera, el dinero público retirado a servicios como la universidad pública se reubica y asigna a otros menesteres privados.

La tasa de reposición de profesores funcionarios en la universidad pública, durante estos últimos nueve años, es el instrumento "legal" utilizado por la administración conservadora, que impide la natural reposición de cuadros docentes en nuestras universidades, y en consecuencia la progresiva pérdida de capital humano cualificado, imprescindible para el adecuado funcionamiento docente e investigador de nuestras universidades.

En realidad, la tasa de reposición de los profesores funcionarios, como instrumento técnico administrativo, es ahora el principal factor de deconstrucción de la universidad pública en España. Dentro del cinismo que caracteriza a muchas declaraciones de los políticos responsables de la educación superior, en las que nunca aparece de forma explícita que por esta vía se desee desactivar poco a poco el potencial de la universidad, o en las que incluso se habla de forma cínica y retórica de la búsqueda de una universidad de calidad, hay que advertir al lector que esta lesiva tasa de reposición se ha convertido en un arma mortal contra la universidad pública.

Si no se adopta el remedio adecuado a la mayor brevedad, si no nos rebelamos contra tal práctica abusiva y corrupta, para que sea eliminada, hay una muerte más que anunciada de la universidad pública. Se ha puesto en juego de manera frontal la viabilidad y la calidad de las universidades, con independencia de que algunos discursos oficiales proclamen con extraordinario cinismo que trabajan por la mejora de la educación superior entre nosotros.

Además de esa "asesina silenciosa de la universidad", y esto ya sería parte de otro comentario para ocasión distinta, la imposición brutal en la universidad de una cultura académica ultracompetitiva, con los peores formatos procedentes del mundo universitario anglosajón, unida a la reducción de becas de investigación, de oferta financiada de proyectos de investigación, o la eliminación de otros apoyos orientados a una docencia de calidad real, hacen hoy completamente inviable una universidad pública solvente. Las políticas conservadoras corrosivas que se vienen aplicando a nuestra universidad pública conducen a su desactivación progresiva, al tiempo que son aplaudidas por sectores empresariales que se frotan las manos con lo que viene sucediendo en la política universitaria de los últimos años, allí donde gobiernan fuerzas conservadoras proclives al demagógico slogan de "menos Estado y más sociedad".