Ciertos discursos oficialistas españoles no se cansan de afirmar , mendazmente, que a pesar de los recortes de los últimos cinco años, motivados por la grave crisis financiera y de todo orden que ha afectado a la Europa del Sur, y en particular a España, se había mantenido el estado del bienestar, y en concreto la vida normal de las universidades. Lo que dicen es una filfa, una mentira, por muchas razones, y así lo vemos a través de numerosos indicadores.

Hoy nos vamos a fijar solamente en alguno de ellos, que se deriva de la financiación (o mejor, la disminución alarmante de la misma) de las universidades públicas. Hace pocos días el sindicato de enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) hacía público un extenso y detallado informe titulado "Evolución de los presupuestos de las universidades públicas (2010-2014)", que ofrece con muchos datos una imagen preocupante del problema, y de hacia donde se encamina en consecuencia la universidad pública española.

La información principal se resume en una disminución notoria de los presupuestos públicos asignados, pero aceptando la enorme dificultad de concretar datos económicos uniformes para todas las universidades públicas españolas. Es que es realmente difícil concretar en un solo modelo de presupuesto para poder establecer comparaciones.

La financiación de una universidad pública es generalmente distinta a la de otra universidad, por muy similar que parezca en número de efectivos, de profesores, estudiantes y PAS, número de titulaciones, instalaciones, facultades, institutos universitarios, fundaciones, donaciones recibidas, recursos propios, mecenazgos, contratos de investigación obtenidos, contratos firmados con empresas y otras administraciones, tipología tecnológica de sus ofertas e instalaciones, grado de internacionalización de sus agentes académicos y ofertas, Comunidad Autónoma donde se ubique, y otros factores aún más concretos.

Ahora bien, el referente principal de la financiación pública lo encontramos en el número de alumnos matriculados, punto de partida para el cálculo de las asignaciones recibidas del erario público.

En el curso 2013-14, último del que se disponen datos definitivos, las universidades públicas acogen a un total de 1.326.114 estudiantes (1.239.361 de grados y 86.753 de másteres oficiales), siendo los datos de las universidades privadas y confesionales de 206.614 estudiantes (173.312 de grado y 33.302 de másteres oficiales).

Considerando esas dimensiones en cada una de las universidades públicas (profesores, estudiantes, programas de estudios, personal de administración y servicios, número y diversidad de las instalaciones) no es difícil diagnosticar que si se paraliza la contratación de profesores, se incrementa el número de estudiantes por aula, se eliminan titulaciones, se disminuye de forma sangrante el número y dotación de las becas asignadas a los estudiantes, si se acortan las asignaciones de mantenimiento de edificios e instalaciones, y otras, se degrada la universidad, declina inevitablemente el presupuesto de las universidades públicas, y disminuye el número de alumnos también.

Por poner solamente un ejemplo, en el curso 2011-12 el número total de estudiantes de las universidades públicas en España asciende a 1.371.355, pero en el curso 2013-14 ha disminuido en 45.349 alumnos. Mientras tanto, las universidades privadas, que en 2011-12 acogen a 201.262 alumnos, han incrementado su número hasta 206.614 en el curso 2013-14, solamente en un par de años, con lo que anuncian ya una tendencia muy clara.

La degradación de las universidades públicas, al menos en lo que se refiere a presupuestos recibidos, conlleva poder ofertar menores servicios en número y calidad (por ejemplo, número de horas de apertura de los edificios, de las bibliotecas, de vigilancia, de envejecimiento de materiales didácticos y de investigación, por citar algunos).

Pero si, además, de los datos globales pasamos a detallar los de cada una de las universidades, en las diferentes Comunidades Autónomas, podremos advertir la notable diferencia de coste del precio público de los estudios en unas y en otras, así como el interés que los diferentes partidos políticos gobernantes prestan a las universidades públicas. Muy desigual, por cierto, según colores y según Comunidades Autónomas. Con ello queda olvidado el principio constitucional básico de que todos los españoles tienen los mismos derechos, en este caso de educación.

También habrá que analizar la composición de las plantillas de profesores, más o menos envejecidas, más o menos bisoñas e inexpertas. No es un momento fácil el de las universidades públicas, aun si solo considerásemos lo relativo a la docencia, que es una de las funciones de la universidad, pero no la única.

Por ello, en otro momento habremos de referirnos al coste social que representan estas medidas coercitivas y degradantes para las universidades públicas, al coste de oportunidades, a la escasa dotación de la investigación, al perfil tecnócrata de esa oferta desde los organismos del Estado central, desde las autonomías y desde los programas europeos.

Veremos.