La universidad, en su condición de institución histórica, está sometida de forma constante a movimientos de reforma, de cambio, en algunos o en varios elementos de su organización académica, ya sean los planes de estudios y elementos curriculares, número y tipo de carreras impartidas, presencia social fuera de la universidad, proyección científica de los grupos de investigación, y otras decenas de circunstancias del cotidiano universitario. Una universidad inmóvil y estática es un contrasentido, porque no existe un modelo de universidad metafísicamente permanente. Todo lo contrario, es institución histórica, mutable.

Por sentido y presencia en una determinada sociedad, la universidad debe estar abierta a las necesidades de la sociedad donde se inserta, a los cambios que puedan solicitarse desde fuera, sin perturbar lo que debe ser algo sagrado en la institución de educación superior, la autonomía. Por ello, si es preciso adaptar, modificar, transformar uno o varios elementos de la organización universitaria, no debemos alarmarnos, porque hemos de aceptar tales cambios y reformas como algo natural en el devenir universitario.

Hace ya algo más de cinco años que desde el Ministerio de Educación de España se difundía un documento-borrador en el que, entre otras propuestas, se animaba a las universidades españolas a introducir modificaciones notables en el número y tipo de Facultades y Departamentos existentes en cada una de ellas. Siendo tales instancias la base organizativa de nuestra universidad actual ello suponía un cambio profundo del modelo de universidad vigente, al menos, desde la reforma universitaria de 1983, firmada por el entonces Ministro de Educación, José María Maravall.

Los últimos cinco años han coincidido, precisamente, con una dura, terrible reducción de recursos para las universidades públicas españolas por parte de la administración central, y en buena medida por las autoridades autonómicas, que ha repercutido en la generación de un gran malestar entre los universitarios, por lo que ha representado de reducción en las oportunidades de contratación de profesores, disminución muy notoria de recursos para investigación, eliminación de otras formas de apoyo y asistencia social a estudiantes, o la aparición de penurias muy notorias en infraestructuras.

Tales circunstancias de precariedad han disuadido a equipos rectorales, y a las administraciones implicadas, de impulsar aquella reforma que ya hemos mencionado, referida a la organización de facultades y departamentos, a la fusión de varios de ellos, para favorecer la disminución de gastos económicos de gestión, simplificar algunos procesos administrativos, y también, según algunos proclaman, para llevar a cabo una reforma estructural de cada universidad, primando el valor de ciertos ámbitos científicos en detrimento de otros. Desde entonces, hace cinco años, ya se veía en muchos foros de opinión que las humanidades y las ciencias sociales iban a llevar las de perder, en favor de las áreas de la tecnología y las ciencias experimentales y biosanitarias.

Lo cierto es que en los últimos meses, tal vez animadas por una ligera mejoría económica, son varias las universidades, algunas de ellas de grandes dimensiones, como sucede con la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Barcelona, que vienen promoviendo esta reducción y reorganización de facultades y departamentos, para lograr alcanzar, según dicen, una universidad más funcional, ágil, barata y menos burocratizada. Parece que ahora ya no se trata de un movimiento de cambio que vaya a quedar reducido solamente a universidades aisladas, sino que estamos ante el inicio de algo mucho más profundo y estructural que antes o después va a afectar a todas las universidades públicas de España.

Para nosotros este proceso de reformas debiera haberse iniciado hace tiempo, y así lo hemos propuesto en su día en algunos espacios de debate y representación universitaria. Por encima de los particularismos y reinos de taifas en que se han convertido algunos departamentos y facultades, debe prevalecer el interés colectivo, y la racionalidad científica, algo de lo que se ha adolecido en muchos momentos en la historia reciente de nuestra universidad española. Así, una vez que se consulta a las bases de la comunidad universitaria, y se adoptan decisiones estratégicas, la reforma debe emprenderse sin vacilaciones, a sabiendas de que nunca se va a poder satisfacer los egos e intereses de todos, y en particular de algunos acostumbrados a reinar en su corral, en su chiringuito, por miope que pueda parecer esta situación en la universidad. Existir tales situaciones en departamentos y facultades, claro que existen. Por esto, en muchos casos estas prácticas caciquiles, endogámicas, limitadoras de la transparencia y la libertad, factores claves de un funcionamiento democrático en una institución pública, deben ser eliminadas, y nos parece que esta reforma académica es una oportunidad. Sea pues bienvenida esta reforma.

Ahora bien, si este proceso va a representar un movimiento de reconversión de carácter puramente empresarial, que busque gestionar la universidad como una empresa, primando la rentabilidad en términos estrictamente económicos, desde luego que no, no contará con nuestro apoyo. Los derechos de los profesores deben ser respetados, por ejemplo el de su área de especialidad para impartir docencia. La presencia de los estudiantes en los órganos de representación debe ser respetada, pero cuidando que se apoyen tales representantes elegidos en un porcentaje de votos que sea presentable en sociedad, en términos democráticos, a diferencia de lo que sucede hoy en muchos departamentos y facultades, donde algunos estudiantes salen sobrerrepresentados, pero con un porcentaje de electores detrás que no llega ni al cinco por ciento de apoyo en ocasiones. La reforma ha de cuidar todos estos detalles, y en cada universidad debe vigilarse el cumplimiento de criterios y la defensa de valores de racionalidad y democracia, esencia de lo que ha de ser hoy una universidad pública al servicio de todos.

Algunos colegas aducen que como nuestra inestabilidad política es ahora muy grande en España este proceso de reformas ha de esperar hasta a que se alcancen gobiernos estables. Pero, frente al conocido refrán conservador que decía, "en tiempos de tormenta no deben hacerse mudanzas", atribuido al mundo jesuítico, nosotros apostamos por una actitud de cambio permanente en la universidad, que vaya construyendo respuestas acordes a lo que demanda la sociedad de nuestro tiempo, por provisionales que puedan parecernos.