El presente de nuestra universidad en buena medida es expresión y  resultado del pasado próximo de la sociedad española de la que procede, a la que representa social y científicamente, y a la que se debe y sirve,  si hablamos de la universidad pública, porque la privada busca otras cosas, dinero e influencias socioeconómicas y políticas ante todo.
Cuando se aprueba y pone en marcha la LRU (Ley de Reforma Universitaria) en 1983 España apenas está saliendo de una larga dictadura franquista, una interminable noche oscura para el saber libre, el ejercicio libre de la cátedra, la opinión libre de los estudiantes. Era una España en la que precisamente se carecía de garantía de derechos ciudadanos, y también de los propios de profesores y estudiantes dentro de la institución universitaria.
Aquellos esperanzadores años de 1980 para el sistema educativo y para la universidad española, impulsados y regidos desde opciones políticas socialdemócratas, pero fruto principal de una transición cargada de intensidad participativa desde diferentes movimientos sociales,  necesitaban inversión pública y dinero (y lo recibieron), mejoras cualitativas de la docencia y la investigación (y se iniciaron), cambios sustanciales en el sistema de gobierno y participación de los agentes universitarios (profesores, estudiantes, personal de apoyo administrativo y de servicios), y se llevaron a cabo, o al menos se iniciaron.
Hablemos de forma expresa de los alumnos, en lo que se relaciona directamente con sus derechos. Pasar de la nada al todo, de la carencia a la plenitud, cuando nos referimos a derechos estudiantiles en aquellos años, suponía romper de manera rotunda con el modelo anterior de universidad en su organización interna, modificar sus estructuras de poder y de gestión. Si hasta entonces había prevalecido durante décadas la universidad de los mandarines, la de los catedráticos autoritarios, la universidad ajena al estudiante en las tomas de decisiones, había que crear otro modelo de diversidad mucho más democrática y asequible para los estudiantes, tanto en sus posibilidades de acceso y beneficio, como en la asignación y/o aceptación de responsabilidades por parte de los alumnos.
La modernización y democratización de aquella universidad anquilosada e inerte precisaba de la presencia y participación activa de los estudiantes en los órganos de poder y de decisión de la universidad (claustro, junta de gobierno, juntas de facultad, consejos de departamento, comisiones varias representativas). Y no solo se consolidó  una presencia puntual y ornamental de los estudiantes en la vida universitaria, sino que su presión obligó a reconocer  un peso decisorio fuerte (paridad plena, porcentajes muy elevados de presencia de alumnos en todos los órganos de gestión y gobierno, de hasta el 25 al 40%).
Como consecuencia de aquellas etapas y negociaciones de intereses contrapuestos en las diferentes universidades prevaleció una normativa con sentido garantista en beneficio del alumno, que trataba de superar aquel rancio y autoritario poder académico del catedrático y del profesor de niveles inmediatos, que seguía su estela en la mayoría de los casos. Y así comienza a descomponerse, por ejemplo, la autoridad nunca hasta entonces cuestionada del profesor en las evaluaciones y exámenes, su arma principal utilizada en las relaciones de dominio y poder dentro del sistema educativo, y en concreto el universitario.
En este contexto se aprueban no solo instrumentos de reclamaciones, con frecuencia legítimas, para que algunos profesores respetasen la dignidad de los alumnos afectados por, por ejemplo, adoptar decisiones de suspensos colectivos, o próximos al 95% del grupo. Se llega a generalizar la aprobación e implantación de reglamentos de exámenes, conteniendo una casuística que hoy podríamos considerar como excesiva, benefactora, condescendiente,y sin duda garantista para un sector del alumnado que se convierte en un experto intérprete de derechos y maneras de moverse en el limite adecuado para superar barreras evaluadoras sin especial esfuerzo añadido.
Este nuevo clima, tan favorable al estudiante,  facilita la generalización de recursos, cuestionamiento fácil del nivel científico y académico de algunos profesores, sin dejar de reconocer por nuestra parte que también ha sido beneficioso para  crear un mejor clima académico y facilitado la depuración de algunas obvias arbitrariedades cometidas por elementos del profesorado resistentes a cualquier proyecto de innovación docente.
Pero , además, el excesivo celo reglamentista y garantista de la normativa universitaria respecto  los estudiantes  ha conducido a que incluso algunos padres, aduciendo derechos e intereses de sus hijos (mayores de edad, por cierto), hayan iniciado procesos jurídicos administrativos masivos, y hasta penales, contra profesores de sus vástagos, que al parecer continúan siendo sus niños/as, a quienes les cuesta crecer. ¡Mucho cuidado con todo esto! Y lo digo con ejemplos próximos, que se están produciendo en fechas propias de evaluaciones, como las propias y actuales del final del curso académico, y propicias para iniciar procesos de reclamaciones administrativas y jurídicas,  fáciles de iniciar y difíciles de comprender hasta dónde pueden llegar.
Es indudable que surgen movimientos un tanto infantilizantes en nuestra universidad, expresión de lo que sucede en la sociedad, pero también en el interior de las aulas y los sistemas de gestión y gobierno, y en el cotidiano universitario. Pondré un ejemplo nada más, para finalizar. He tenido que solicitar a una madre, o a un padre, en diferentes ocasiones de tutorías con alumnos, que dejase hablar a su hijo/a, incluso que saliera de mi despacho, porque lo que debíamos hablar su hijo y yo era propio de adultos con capacidad suficiente de explicar y comprender un asunto cientifico de incumbencia mutua. Ese proteccionismo excesivo de los jóvenes estudiantes, de los alumnos, desde la casa materna a la institución universitaria, puede conducir a graves problemas de personalidad, y desde luego a generar conflictos y disturbios innecesarios en las relaciones entre profesor y alumno.
Cuando en la universidad se puedan llegar a producir situaciones de gravedad y enfrentamiento entre profesores y alumnos, desde luego que todos debemos estar muy atentos para erradicarlas , y para defender los derechos de todos, de los estudiantes y de los profesores. Pero hemos de procurar evitar  garantismos extraños y hasta fáciles , que solo se explican desde otro contexto histórico, y no desde el presente.