Hace pocas semanas se daba a conocer el informe de los nueve expertos que había nombrado el Ministro de Educación, señor Wert, para comenzar a reformar la universidad española, en plena tormenta de crisis económica, política y moral que afecta de lleno a los españoles y buena parte de europeos. El título del documento es muy expresivo, "Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español", y fue entregado por el grupo de ponentes el día 12 de febrero pasado.

Por supuesto que el informe invita a la reflexión desde el primer momento, y desde el mismo título, para comenzar. Es texto de debate, dicen, con propuestas para reformar, para mejorar, para ofrecer a los ciudadanos una universidad de más calidad, para que sea más eficiente. Al parecer se refiere a todo el sistema universitario español, aunque casi siempre piensa su aplicación en las universidades públicas. Casi nada.

Pronto ha sido tildado desde la presidencia de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) de ser un informe más de los varios que han ido apareciendo en los últimos veinte años (uno de los más mentados fue en su día el conocido como " Bricall", difundido en el año 2000). Por tanto, no es el primero, ni seguramente será el último que se publique, siempre con la benéfica aspiración de mejorar la universidad española, algo loable y necesario en varios aspectos, sin duda.

Al igual que los rectores de la CRUE lo hacen otros exponentes de la sociedad, cada uno desde su orilla. Así, el texto que presentan ha sido generalmente cuestionado por sindicatos de todos los colores, por los partidos políticos de la oposición, y sobre todo ha sido comentado con mucha preocupación en el seno de la comunidad universitaria.

El documento que conocemos aborda varias cuestiones muy importantes de la vida universitaria y su organización, que no podemos ahora comentar en su totalidad. Pero hay una entre ellas que hoy nos llama más la atención, la titulada "el gobierno de la universidad", asunto al que los redactores del informe dedican siete páginas.

Dentro del capítulo del "gobierno de la universidad" caben varias facetas y derivaciones, pero nosotros queremos fijarnos en un punto, el que los "expertos" denominan "el cambio más significativo que proponen entre todos los demás". Se refieren a la creación del "Consejo de Universidad", y dentro del mismo hoy nos interesa señalar y comentar el asuntillo nada menor que se refiere al peso de "la sociedad" en este órgano de gobierno, es decir, los políticos y los empresarios.

La premisa de la que parten los llamados expertos que han elaborado este informe

en su propuesta es muy clara: <<el sistema de gobierno universitario actual en España carece de la flexibilidad necesaria para que una universidad que persiga objetivos internacionalmente considerados como de excelencia pueda alcanzarlos con facilidad>>.

De ahí , de esa rotunda afirmación nace la premisa excluyente como punto de partida , que marca que, según ellos, la universidad española ha de ser de excelencia y competitiva, pero según el canon internacional. En consecuencia quedarían desautorizadas otras propuestas de modelos y fines para la universidad pública.

Para nada entra a considerarse que la universidad en España pueda ser concebida como un servicio público, que busque otros beneficios directos o indirectos de tipo social o de promoción territorial, por ejemplo. Lo único que importa es el afán de competitividad, y el sometimiento total, absoluto, a las directrices que el capitalismo internacional más conservador entiende por calidad, por una universidad de calidad, y en buena lógica a sus índicadores de calidad, llámense Shangai, u otros equivalentes que son bien conocidos en los ambientes mundiales de la educación superior.

En esa aplastante lógica sólo se necesitan universidades que investiguen, y lo hagan con un sesgo determinado, que produzcan resultados de aplicación tecnológica y aplicada. Lo demás es completamente subsidiario y residual para este modelo de universidad. Ni la universidad educadora de personas al más alto nivel cultural y moral, que entre otros proponía Giner de los Ríos, tiene sitio aquí. Ni se contempla la universidad proyectando su saber a la sociedad de forma no paternalista. Ni se concibe la universidad como motor de desarrollo territorial, económico, social. Ni se acepta con facilidad la investigación en ciencias sociales y humanidades. Ni a ese tipo de expectativas universitarias competitivas tampoco le interesa la formación de buenos profesionales para las administraciones públicas, entre otras cosas porque en ese modelo el Estado ha de tener poco peso, y normalmente estorba y hay que desactivarlo, "reconstruirlo".

Por tanto, dentro del modelo de estos expertos, la universidad española ha de aceptar el canon de excelencia marcado desde ambiguas y confusas instancias internacionales, que al parecer poseen la verdad metafísica de lo que debe entenderse por una universidad de calidad, excelencia y competitiva que caiga, eso sí, del lado y al servicio de los intereses de quienes en realidad gobiernan el mundo o los países de turno.

El nuevo tipo de Consejo de Universidad que proponen los redactores del informe representa la unificación de los actuales Consejo de Gobierno y Consejo Social, algo que puede tener su interés, pero conceden un peso extraordinario a los políticos y los representantes de los intereses del mundo empresarial más influyente.

Para nosotros, las cosas del gobierno de la universidad pública no deben ir por ahí, desde luego. Lo que no significa que pueda y deba organizarse el Consejo de Gobierno de la universidad de otra forma más ágil y eficaz, y suficientemente democrática.