En español el verbo "socavar", según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa: "excavar por debajo alguna cosa dejándola en falso". Solo falta indicar la existencia de intencionalidad en ese acto, que puede producir el derrumbamiento de un edificio en sentido literal, o de una institución en sentido figurado, pero no menos real.
Puede existir una acción inconsciente por parte del propietario de un edificio que inicia una obra sin suficiente garantía técnica, y al fin la acción de socavar produce el derrumbamiento, pues ha quedado en el aire, en falso, una parte del mismo, y se produce la destrucción total o parcial.
Puede organizarse, sin embargo, una acción consciente, de zapa, de creación de socavones, pensada con malevolencia y perfidia para destruir una determinada instalación. Así, cuando en el ejército un grupo de especialistas en preparar socavones en las instalaciones del pretendido adversario actúa con profesionalismo se les llama "zapadores". Ellos resultan fundamentales para colocar explosivos en puentes, vías de comunicación, abriendo vías de escape o interfiriendo la relación fácil de suministros.
La política universitaria que los neoliberales españoles vienen articulando desde hace ya unos años hacia acá es decidida y pérfidamente planificada para ir socavando la universidad pública. Esa posición de los gobernantes llamados "populares" respecto a las universidades públicas españolas  no tiene nada de casualidad, sino que es un ejercicio permanente de cinismo y malevolencia en contra de la universidad pública. Y lo llevan a cabo en todas las escalas donde tienen influencia o capacidad de gobierno.
Pongamos algunos ejemplos.
Si por una parte se llenan la boca en la comunidad autónoma de Castilla y León, por ejemplo, diciendo y perjurando que hay que planificar el mapa de titulaciones universitarias, porque se repiten en varias universidades, y ello conduce a la eliminación "consensuada" de alguna de estas titulaciones, a la media vuelta, y al mismo tiempo, conceden privilegios a universidades privadas que acaban de romper el cascarón, y les permiten implantar una titulación que ya se repite por enésima vez. Ello sin considerar que tienen un manejo descarado y a su antojo de las decisiones de las llamadas agencias de evaluación y acreditación (merecida y altamente desacreditadas, por cierto). Increíble, pero cierto. No solo ocurre en nuestra Comunidad Autónoma, pues  para ratificación de lo dicho remitimos a lo sucedido recientemente con la Universidad llamada San Jorge en Zaragoza, que es privada.
Otro ejemplo muy reciente de los últimos días tiene que ver con la formación de los policías españoles, en la Academia General de Policía de Ávila, dependiente del Ministerio del Interior, pero hasta ahora con convenio firmado desde hace años con la Universidad de Salamanca para que sean profesores de la Facultad de Derecho, principalmente, quienes impartan la docencia oportuna de su especialidad en aquella Escuela General de Policía. Lo ocurrido hace muy pocos días es que el Ministro del Interior, señor Fernández Díaz, miembro reconocido del Opus Dei, sin previo aviso decide retirar a la Universidad de Salamanca esa responsabilidad formativa en la Escuela  de Policías , que viene desempeñando con éxito reconocido desde hace más de veinte años, y se la atribuye a una minúscula institución como la Universidad Católica de Ávila. Se trata de una decisión completamente personalista, interesada en lo ideológico, y carente del más mínimo rigor científico y académico.
No hablemos nada  del terrible desmoche que ha representado esa política "deconstructiva" de la universidad pública española en los últimos años: reducción a un diez por ciento de la tasa de reposición de profesores fallecidos o jubilados, prohibición de contratar en libertad sin pasar el filtro y la aduana establecida por la administración, eliminación drástica de ayudas para organizar actividades científicas como congresos y seminarios, reducción fulminante de las asignaciones a proyectos de investigación (sobre todo para las humanidades y las ciencias sociales), parálisis de las inversiones en nuevos edificios universitarios o rehabilitaciones necesarias de locales, importante reducción de las becas a estudiantes necesitados, y no queremos seguir enumerando tristes medidas que denotan una auténtica barbarie de socavones hacia la universidad pública.
Por todo ello, aparecen ya algunos indicadores estadísticos que, según los datos de un conocido sindicato de profesores, muestran que la universidad pública en España ha perdido en los últimos diez años nada menos que cien mil estudiantes, mientras que las universidades privadas han incrementado su matrícula en 25.000 estudiantes más.
Son datos y situaciones que a todos nos hacen reflexionar, claro está. Veremos.