El eterno debate en torno a los precios de la matrículas en la universidad sigue vivo, tanto como el de la misma clase y orden superior, el derecho a la educación, con significados y propuestas diferentes, según quien opine y actúe. Unos dicen que el derecho a la educación es igual a libertad de elegir enseñanza. Otros subrayan que el derecho a la educación de todos ha de servir para buscar una mayor igualdad.

Si aplicamos esta reflexión al ámbito universitario, y la traducimos al plano de los costes de la educación superior, y tratamos de resolver la pregunta sobre quién debe pagar los gastos que indudablemente genera el funcionamiento de la universidad pública, es probable que encontremos explicación a ese interrogante.

Los partidarios de la libertad de enseñanza (no tanto de opinión de cátedra, ni de métodos de enseñanza, conceptos hoy aceptados por todos), consideran que ha de prevalecer el principio de libre competencia, y por tanto el Estado debe intervenir muy poco o nada en la vida pública. La sociedad debe ser capaz de autorregularse, y por ello el mapa universitario ha de ser abierto, competitivo y no subvencionado con fondos públicos. En consecuencia, y si no queda más remedio que existan, las universidades públicas deben ser capaces de financiarse por sí mismas (elevados precios de las matrículas, captación de recursos externos de apoyo, aproximar la gestión técnica o gobernanza de la universidad a la de las empresas, actuación por contratos-programa, control detallado de inversiones y gastos). Porque para esta corriente de pensamiento liberal, lo ideal es que las universidades sean empresas privadas, y que funcionen como tales.

Por otra parte, quienes defienden el derecho a la educación como un instrumento hacia la igualdad social, y conciben la universidad como servicio público, pueden aceptar algunas de las ideas antes expuestas para mejorar la gobernanza de las instituciones universitarias. Aceptan incluso que cooperar económicamente por parte de los beneficiarios directos, los estudiantes, en un grado bajo de coste, es un mal menor cuando los poderes políticos no asignan suficientes recursos económicos a las universidades.

Aceptemos la existencia de universidades privadas que deseen funcionar como empresas. Pero si nos fijamos en las universidades públicas de muchas partes del mundo, encontramos ejemplos de establecimientos universitarios que cobran al estudiante un euro simbólico por la matrícula de un año académico. Otras elevan un poco más esa cantidad, pero puede aceptarse que se trata de una enseñanza universitaria completamente gratuita. Finalmente, existen otras universidades públicas que, atendiendo a criterios de saneamiento económico impuesto por las autoridades políticas, han incrementado de forma espectacular y alarmante los precios de los estudios que ofertan, entre ellas las españolas.

Aunque conviene matizar, porque dentro de este último grupo observamos diferencias muy notorias, dependiendo mucho de decisiones políticas de cada Comunidad Autónoma. Así, el precio medio de las tasas de un grado universitario en la actualidad (datos del año 2017) cuesta 1944 euros en Cataluña, en Galicia 713, en Andalucía 770, o en Castilla y León 1419 euros. Podemos disponer de las tasas de matrícula establecidas en cada Comunidad Autónoma de España para sus universidades públicas, y observamos que en todas ellas los precios son diferentes, atendiendo a criterios políticos propios

Lo cierto es que existen grandes y graves diferencias de precios de matrícula entre universidades públicas, y por ello severas y preocupantes desigualdades en la aplicación del principio de igualdad de oportunidades a la educación, y en este caso al acceso a la universidad. Son diferencias de criterio muy cuestionables desde las políticas sociales y universitarias, incluso en ocasiones desde posiciones que proceden de un mismo partido político. No obstante, en España las Comunidades Autónomas gobernadas por tendencias socialdemócratas tienden a ofrecer precios de tasas universitarias más accesibles que aquéllas que son gobernadas desde posiciones conservadoras.

Por tanto, para finalizar proponemos contemplar una obviedad en torno a los precios de las enseñanzas universitarias en España: son caros, diferentes según el territorio donde se ubique la universidad, y desde luego son injustos, porque no respetan el principio de igualdad de oportunidades.

Junto al tema de los precios de las tasas de matrícula, para comprender mejor nuestro mapa universitario público desde una perspectiva económica más amplia es imprescindible considerar otras variables que hoy no podemos desarrollar: precios del máster , del doctorado, y de otras actividades de formación permanente; sistema de concesión de becas a los estudiantes de menor nivel de ingresos; sistemas de bonificación de servicios de protección social en el seno de cada universidad para sus agentes (profesores, estudiantes, personal de apoyo); diferentes servicios de apoyo a la docencia y la investigación, y otros.

La gestión económica de una institución universitaria pública es compleja, pero nunca puede renunciar a su principio de partida: servir a los ciudadanos como un servicio público a la comunidad próxima y a la sociedad en general, formando profesionales, produciendo conocimiento, difundiendo la alta cultura, desempeñando otras tareas culturales y socioeconómicas complementarias. Por ello, la elevación de los precios de las matrículas universitarias representa una agresión permanente a la sensibilidad hacia la cultura ciudadana, y sobre todo a la igualdad de acceso a la universidad y permanencia de quienes exhiben sus derechos educativos.