La mayoría de agencias de información para los medios de comunicación de masas, sean tertulias radiofónicas, periódicos de alcance nacional y tirada respetable, canales privados de televisión, seminarios de reflexión y debate económico, llevan ya mucho tiempo trasladando a oyentes, lectores, televidentes o interesados asistentes un tendencioso , mendaz y provocador mensaje explícito o subliminal sobre el desastre y despilfarro económico que representa para los ciudadanos la universidad pública, la red de establecimientos públicos de educación superior.

La crítica y propuesta alternativa que se propala desde tales medios viene sostenida y resumida en una expresión fácil de decir y de muy suave y hasta placentera penetración para quien la escucha. No es otra que necesitamos protagonismo de "menos Estado y más sociedad", un mensaje neoliberal que desea aplicar a los servicios públicos, incluida la universidad, el mismo mensaje competitivo de la empresa privada, donde prevalece el sálvese quien pueda, y donde los derechos de los trabajadores y usuarios no pintan nada, se ignoran. Prevalece el discurso de la ganancia, del éxito y rentabilidad económica, de la gestión empresarial eficaz y carente de escrúpulos, frente al discurso del servicio público y el derecho de todos a la educación superior, considerando fundamentalmente los méritos.

Por tanto, lo deseable es que vayan desapareciendo las universidades públicas, o que sea aminorada su financiación, que acaben siendo mediocres por falta de recursos para personal, instalaciones y proyectos de investigación, y que se vea incrementada la matrícula de los estudiantes, con el consiguiente gravamen a las familias más humildes, y por tanto disuasorio para el acceso de los menos pudientes . Por el contrario, su apuesta simple es que existan universidades privadas en un mercado abierto de oferta y demanda, y quien pueda pagar que pague, y quien no pueda, que se aguante, salga de la universidad, o vaya a establecimientos mediocres.

En resumen, ese discurso cargado de malicia y perversidad propone rentabilizar la universidad pública en términos estrictamente económicos, pero entendiendo éstos beneficios desde categorías de apropiación privada.

Pero entrando también a debatir el problema desde criterios económicos, las universidades públicas no son deficitarias ni corrosivas para la economía y el bienestar de los ciudadanos que pagan sus impuestos, de la sociedad que sostiene los establecimientos públicos. Veamos solamente un ejemplo precioso que ilustra con extraordinario fundamento técnico y científico la afirmación resumida que antes hemos expuesto.

El Consejo Social de la Universidad de Salamanca, órgano de participación y control de los recursos económicos de una universidad pública como la nuestra, tal como establece la ley para todas las universidades españolas, ha encargado un estudio riguroso sobre los beneficios económicos que genera a la sociedad la histórica Universidad de Salamanca. No se abordan en el trabajo cuestiones sin duda centrales para cualquier universidad como la calidad y éxito de sus alumnos egresados en un gran número de campos científicos (sociales, humanidades, biosanitarios, científico experimentales, tecnológicos) vayan donde vayan a caer o ejercer su profesión. Tampoco se analizan aquí los beneficios resultantes para la ciencia, la investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico, o la mejora de las condiciones educativas y sociales de la humanidad o del territorio próximo. No se contemplan los beneficios sobre la cultura de la comunidad local, nacional o internacional, la producción artística, literaria, el plano de la creatividad, de la reflexión y mejora de los derechos del hombre en cualquiera de sus manifestaciones.

El estudio que recientemente se ha presentado lleva por título "La parte y el todo. El impacto económico de la Universidad de Salamanca", y ha sido elaborado por el equipo de economistas que ha dirigido el catedrático Rafael Muñoz Bustillo, y formado por Rafael Bonete Perales, Miguel Carera Troyano, Fernando Esteve Mora y Rafael Grande Martín.

Esta rigurosa investigación parte de la presentación previa del contexto donde se inserta la universidad salmantina, mostrando su posición clave para el desarrollo social y económico del mismo. Se abordan capítulos como los beneficios económicos que genera la presencia de un elevado número de estudiantes en las aulas y en la ciudad (y poblaciones de proximidad), con los gastos y demandas derivadas en alimentación, hospedaje, transporte, consumo cultural. Se analizan variables derivadas del funcionamiento directo de la institución y que benefician a la economía social próxima, tales como los generados por profesores e investigadores, por personal de administración y servicios. Y todas las afirmaciones vienen sustentadas en contundentes referencias estadísticas, cuadros de información, gráficos , mapas conceptuales, que confirman la solidez del estudio en su procedimiento técnico y metodológico, pero también en la relevancia de las conclusiones obtenidas.

El resultado de esta investigación es demoledor para tesis fáciles y minusvalorantes para la universidad pública, como sucede con la de Salamanca. Hoy solamente mencionamos una de las conclusiones más taxativas: "la Universidad de Salamanca genera más de seis euros de producción por cada euro que recibe de las Administraciones Públicas". Que el lector deduzca, y que juzgue el afán deconstructivo que en los últimos años la Consejería de Educación viene exigiendo al presupuesto anual de la universidad, año tras año. Ignorancia, malevolencia y mentira, procedentes de un discurso político neoliberal, que trabajos solventes como el que comentamos desmienten sin arrogancia ni palabras vanas, sino con datos e informaciones oficiales que son interpretados desde las ciencia sociales, de la economía en este caso.