Un refrán muy socorrido entre nosotros dice así: "Cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas". Otras expresiones hablan de "jugar al despiste", "marear la perdiz", o simplemente tratar de distraer la atención, cuando no de engañar. A este JUEGO nos parece que está jugando de nuevo el Ministerio de Educación de España con las universidades públicas, porque a las privadas les interesa y mucho que el ruido sea grande, que el follón sea aún mayor, y porque eso a ellas les beneficia.

Hablamos de un rumor, y más que eso, de un proyecto del Ministerio de Educación para volver a entretener a las universidades en la reforma de planes de estudio, porque ahora se les ocurre que la estructura de estudios de grado (cuatro años) y máster (un año), no les va bien. Argumentan que en varios países europeos utilizan el tres (grado) más dos (máster), y no el cuatro más uno como en España. Dicen que hemos de adecuarnos, y por lo tanto, de nuevo a enredar en montones de reuniones, enfados, consensos, cesiones, y todo ello para repartirse nada. Pero, eso sí, mientras tanto, estamos entretenidos, y enfrentados con nuestros colegas, cuando apenas si se ha terminado de aplicar el modelo anterior, y desde luego no ha sido evaluado.

Con el atrevimiento añadido de ocultar que en muchos países están completamente hartos (como nosotros) de un modelo ineficaz de organizar la enseñanza universitaria desde el punto de vista científico, y buscan cambiar cuanto antes hacia propuestas que se puedan parecer a los modelos originarios de tipo más latino o alemán, y no precisamente el impuesto de corte anglosajón, por las bravas.

Sinceramente, estamos cansados, aburridos, enfadados de que nos tomen el pelo, de que piensen que somos necios. Pero a los burócratas del Ministerio de Educación, y al partido gobernante, les da igual, porque tienen muy claro hacia dónde quieren encaminar la universidad pública y la educación superior, hacia la degradación, y hacia un modelo de nuevo elitista, para minorías, para grupos sociales que puedan pagarse unas matrículas muy elevadas. Esto , además, se produce y propone en plena y dura crisis social y económica, lo que resulta aún más hiriente.

Analicemos la propuesta que nos quieren hacer cumplir. Si una carrera de grado ahora precisa cuatro años de financiación por parte del Estado (profesores, instalaciones, medios), con la reducción a tres años, ese mismo grado cuesta mucho menos al Estado. Si ahora el máster representa una inversión muy elevada para los padres de los estudiantes, al ser dos años de estudio, el gasto se va a disparar, y va a suponer que miles de estudiantes dejen de optar a los estudios de máster. Ya lo estamos viendo en el presente, cuando comprobamos que los alumnos que acceden al máster son una minoría completa, y se trata solamente de un año. En el momento en que el máster represente una media de dos años, va a erigirse en un obstáculo insalvable para miles de familias, que no podrán pagar los gastos de matrícula para sus hijos. Eso sí, para el Estado este cambio aparentemente técnico representa un ahorro impresionante de dinero en inversión educativa, pero se lo carga a los ciudadanos. ¡Es una acción desvergonzada! Es también poco democrática y de dudosa fiabilidad técnica.

Por otra parte, y en el contexto competitivo y de dificultad en obtener un puesto de trabajo en el mercado laboral, no resulta difícil de comprender que en el futuro próximo, el estudiante que solamente presente en un concurso un título de grado de tres años, frente a otro con máster de dos, va a disponer de escasas posibilidades.

Son varios los rectores de universidades, muchos profesores y alumnos quienes nos oponemos a tales proposiciones deshonestas, porque estamos cansados de que se burlen de nosotros, de que nos tomen el pelo con tales maniobras.

Si a ello añadimos que las condiciones laborales y salariales son peores de día en día (más alumnos por clase, más horas de clase, más asignaturas, salarios congelados, creciente número de reuniones y actividades burocráticas), crece en la comunidad universitaria el desasosiego, la insatisfacción, y las ganas de los mayores por jubilarse y abandonar el barco.

Pero vamos a ver, vamos a defender lo que consideramos justo y adecuado, para la sociedad, los estudiantes, los padres y los que formamos la comunidad universitaria. Tendrán que imponer tales medidas, porque la razón está de nuestra parte, al menos la razón moral, no la razón pragmática de las grandes cifras que para nada contempla la vida real de millones de afectados. Nos obligarán, sí (ya veremos), pero no nos convencen con razones, porque la razón moral está de nuestra parte, que es la del bien común de la mayoría de la sociedad.