El concepto de "liberal" es polisémico entre nosotros, tiene varios significados, al menos dos muy importantes cuando lo aplicamos a la política, y en especial a la política de la educación. Nos referimos al de procedencia francesa por una parte, y por otra al propio del mundo anglosajón. Ambos significados de "liberal" en realidad son antagónicos, significan exactamente lo contrario.

El liberalismo francés del XIX, derivado de forma directa de la Revolución de 1789 y concretado en su Constitución, de fuerte arraigo en Europa, en concreto en la del sur, y desde luego en España, representaba la apuesta por el progreso colectivo y por la satisfacción de los derechos del hombre y del ciudadano, uno de ellos importantísimo, el de la educación. El Estado se erige así en el garante de esos derechos propios de una sociedad en libertad.

Garantizar el cumplimiento de ese derecho a la educación para todos precisaba (y sigue siendo necesario hoy) invertir dinero en instrucción pública, organizar una administración educativa solvente, y cuerpos de profesores bien formados y seleccionados, que tengan garantía y continuidad en el ejercicio de su función pública, fueran maestros de infantil y primaria, profesores de secundaria o de universidad. Era, y nos parece que sigue siendo, la mejor garantía del derecho a la educación. Así lo escribió, y practicó, entre otros muchos cualificados pensadores, Miguel de Unamuno. Cuando alguien le preguntaba por qué enviaba a sus hijos a las escuelas públicas, el respondía que porque el deseaba lo mejor para los suyos, y las públicas eran las mejores. La razón es que los profesores eran mejores, porque se habían formado y habían sido seleccionados en concurso público abierto, y eso le merecía más garantía que la elección o contratación directa por parte del respectivo jefe o contratante.

Así se fueron conformando los cuerpos de profesores funcionarios en la administración pública española (como en otras mediterráneas), y nacieron los funcionarios docentes (maestros, catedráticos de segunda enseñanza y de universidad, inspectores, técnicos, orientadores, y otros). Hoy continúan siendo vigentes, pero estos funcionarios se ven sometidos a una constante presión, agobio, "bulling", por otro modelo y otros intereses procedentes de la cultura económica y administrativa anglosajona, de orientación liberal, pero en el otro sentido al ya comentado.

Porque el liberalismo que se predica y defiende en nombre de la libertad en la cultura anglosajona, es el propio de la ley del más fuerte, del 'sálvese quien pueda", que conduce de manera fácil a menor equidad e igualdad social. En los países donde prevalece esta cultura liberal, de la competitividad, del paraíso de la escuela o la sanidad privada, de la ausencia de servicios sociales para todos, observamos los mayores índices de desigualdad. Las imágenes que recibimos con frecuencia de los USA, o de Reino Unido (no hablemos de los nuevos socios asiáticos de ese modelo como Corea, China) nos ratifican en esta reflexión.

Lo que exponemos tiene mucho que ver con la crisis profunda que ahora vive nuestra universidad pública en España, cuando advertimos cómo día a día se aminora y desactiva el número e importancia de los catedráticos y titulares en las plantillas de profesores de facultades y departamentos. Es una forma soterrada y constante de ir socavando el peso de las universidades públicas, porque al perder los mejores profesores (sin reponer las `lazas equivalentes) las instituciones van a perder categoría y capacidad de ofrecer productos de calidad en la docencia y en la investigación.

Siguiendo ese modelo del puro liberalismo inglés y al aplicarlo a las plantillas de profesores, se viene forzando una creciente presencia de contratos de profesores de baja calidad en lo económico (contratos-basura), y con frecuencia de dudosa fiabilidad científica, que sustituyen las bajas de profesores catedráticos y titulares jubilados o fallecidos. Esta perversa y sutil técnica sobre los recursos humanos universitarios, tan cargada de perfidia administrativa, es la que viene forzando a aplicar la actual administración del partido en el gobierno a las universidades. Les impide a las universidades transgredir la ominosa tasa de reposición del diez por ciento, con lo que la muerte real de las universidades públicas estará muy pronto la vista, si no cambian las circunstancias en poco tiempo.

Y para mayor cinismo, se aduce que este procedimiento de actuación del Ministerio de Educación viene obligado por la crisis económica, y las presiones recibidas desde la política económica de la Unión Europea.

A ello hay que añadir otra política complementaria de fomento de creación de universidades privadas, con criterios poco exigentes para su creación y funcionamiento, y campañas intoxicadoras sobre la escasa productividad de los profesores funcionarios, sobre la incorrecta gestión de los recursos económicos de las universidades, y una sobreabundancia de programas de control de calidad que forman arte de la retórica del mareo, del despiste, del aburrimiento y del cansancio para la mayoría de los profesores. De esa manera también se les obliga a los profesores a detraer energía de la buena docencia y de la investigación, para trasladarles de manera obligada y presionante su esfuerzo a tareas burocráticas y puramente formalistas y rutinarias. El trasfondo ideológico y deformante de la cultura universitaria que arrastra el famoso proyecto Bolonia camina en esta dirección, y nos constriñe a todos.

Ante este panorama tan escasamente ilusionante nos permitimos recordar la propuesta que el ya centenario Max Weber nos hacía ahora hace un siglo sobre la honestidad intelectual del catedrático y funcionario en que el creía, del científico sólido en cualquier ámbito del saber y de la ciencia, bien formado, laborioso, pero también respetado por una sociedad culta, civilizada y democrática, como proponía para la Alemania de 1919. Lo escribe en su bella conferencia titulada "La ciencia como profesión".